LA CRUZADA HACIA LA IMPUNIDAD Y LA CORRUPCIÓN.

En esta proeza histórica que el Venezolano atraviesa se vislumbran dos aspectos fundamentales en cuanto a la crisis institucional generada por los principios de ambición y desfalco; se trata de la impunidad y la corrupción. Es evidente que las acciones de Estado son inermes ante las circunstancias que cada día afloran con mayor claridad y que tiene que ver con el despojo de las arcas del Estado, el flagrante, constante saqueo y hurto de las cuentas del erario público que son del ciudadano común, porque cada venezolano cancela sus impuestos y no existe una retroalimentación de la eficacia y eficiencia de los servicios públicos, principios constitucionales que se han divorciado, generando de esta manera la implementación de una política que determina que quienes gerencian el Estado no tienen capacidad de hacerlo, aunado a toda esta situación que merma la calidad de vida del ciudadano, vemos con mucha recurrencia el irrespeto de los funcionarios públicos, llámense; diputados, presidentes, directores, ministros, viceministros, asistentes, coordinadores, supervisores, y sobre todo en el área militar, en fin, cualquier cargo que tenga que ver con alguna institucionalidad gubernamental está investido de poder, para hacer lo que le venga en gana, hasta los gerentes de la red de los supermercados del Estado creen que están impolutos y son eximidos de la violación de los derechos del pueblo. Esta cantidad de delitos cometidos a diario en distintas partes del país se concatenan con una realidad inocultable sobre la degradación de la vida del venezolano por la asistencia unánime y cómplice de los órganos judiciales que generan desconfianza ante tales acusaciones aberrantes y conocidas denuncias, más que evidentes son elementos de prueba que van a ser determinantes en cualquier momento de la existencia Republicana. Tan cierto como declaraciones realizadas por los mismos funcionarios, como por ejemplo GIORDANI, o las afirmaciones realizadas por JOSE VICENTE RANGEL y otros incontables, como los funcionarios activos que desertaron de la vida militar para exiliarse y servir como colaboradores de un expediente que será trascendental. El comportamiento cómplice por parte de la fiscalía general de la nación, las acciones de la procuraduría, ahora las claras acciones del defensor de pueblo, que no garantiza los derechos de los ciudadanos, sino empoderar las instituciones y defender los funcionarios corruptos. Los derechos que se vulneran, como a manifestar y hacer ver, sentir a quienes dirigen el país que acorralan a la ciudadanía con la ilegal y antijurídica actuación de los cuerpos de seguridad que tienen licencia para matar. Quizá estos son elementos muy efímeros de lo que en realidad son, pero como lo dicta el dicho popular es apenas la punta del iceberg, es entonces que fundamentado en estas razones y  son más que suficientes para exigirle al Ejecutivo un plazo suficiente para que explique claramente al menos uno de los infinitos casos que se han denunciado, concentrándose y enfocando la atención en responderle al pueblo, al menos por dignidad en contraposición del flagrante descaro con que actúan, me refiero en este sentido a explicar, denunciar, procesar judicialmente, imputar, realizar seguimiento, enjuiciar y sentenciar el caso de los 25 mil millones de dólares, por su puesto aplicar las medidas estrictas y necesarias de bloqueos de bienes y cuentas en bancos internacionales de más de 1300 cuentas de funcionarios en los Bancos de Suiza y repatriar esos dineros mal habidos producto de la descomposición institucional generada por la corrupción, estas exigencias están mas que equilibradas ajustadas a derecho , antes de considerar el aumento de la gasolina, porque es un detonante fulminante y que el pueblo venezolano, a pesar de que está de acuerdo con el ajuste, considera prioritario aclarar y definir las condiciones de los problemas puntuales que nos ha llevado a la crisis que vivimos y que estoy seguro no será negociable, porque el pueblo no permitirá profundizar la crisis, manipulando la institución electoral, para que el pueblo siga pagando las consecuencias de quienes  viven en el néctar que llaman el mar de la felicidad que unos pocos viven a expensas y sacrificios de un pueblo ignorante.  El pueblo venezolano exige un pacto de continuidad, una vez sus demandas sean justas y objetivas, retornando sus capitales al Estado y aplicando la justicia que se requiere. Aunque sea utópico, e ingenuo es una alternativa que cada ciudadano debe conocer y exigir.